Por si cabían dudas, la pasada semana, Calyon (Crédit Agricole), en un análisis sobre el estado financiero de Sacyr (informe que bien cabría calificar de demoledor) cifró en 1.000 millones de euros la ampliación de capital que precisa, y con urgencia, el grupo constructor, al tiempo que, dada la reducida capacidad de generación de beneficios de que disfruta, necesitará de entre 35 y 70 años para hacer frente a la faraónica deuda que soporta.
Como decíamos, un demoledor informe firmado por uno de los bancos que junto con Santander, Bankia y Citigroup lideran el crédito de 5.000 millones de euros, gracias al cual en su día el grupo presidido por el Sr. Del Rivero se hizo con el 20% de Repsol, que, por cierto, vence el próximo 21 de diciembre, y que, dada la imposibilidad de amortizar, se está negociando su renovación en estos días.
Así las cosas, y dada la imposibilidad de que el grupo Sacyr pueda pagar algún día los 5.000 millones de euros del referido crédito, como no sea vendiendo la participación de Repsol, debe entenderse la operación de compra como puramente especulativa. Sacyr, como ya hiciera con anterioridad con el BBVA y Eifagge, vio una oportunidad de tomar una participación significativa en Repsol, para así aliviar la cara derrota que le supuso su aventura francesa en Eifagge. Estrategia que pasaba por pedir un crédito con garantía de las acciones compradas, intereses del crédito que se irían pagando con los dividendos de Repsol, a la espera de poder liquidar la posición, cuando se diera la ocasión de hacerlo, con jugosas plusvalías.
Estrategia que tiene dos frentes oscuros, uno, que se mantenga el dividendo de Repsol y, dos, que la cotización de las acciones de Repsol no baje del precio de adquisición, de ahí el enfrentamiento que tuvo lugar el pasado año cuando el Sr. Brufau anunció un recorte en el dividendo de Repsol y la necesidad que tiene ahora el Sr. Del Rivero de lograr la renovación del crédito, so pena de tener que liquidar la posición con fuertes pérdidas.
Si bien no somos contrarios a la especulación, sí estamos en contra de que concedan créditos de la forma tan heterodoxa como el que se concedió en su día a Sacyr, con garantía de la cosa comprada, cuando, como es el caso, ésta no goza de valor intrínseco (recordar, entre otros, los casos de Metrovacesa, Cleop, Colonial, etc., etc.). Y también estamos en contra que se especule a base de crédito y más cuando éste pasa por ser un bien escaso.
Cómo se puede justificar un crédito de 5.000 millones de euros para especular, que de concederse obligará a decir no a las justas demandas de crédito de no menos de 100.000 pymes que dan trabajo a no menos de 700.000 personas. Si el Sr. Del Rivero quiere especular con las acciones de Repsol, bien, pero que lo haga con su dinero, no con crédito, éste sólo se puede conceder a la economía productiva y más en tiempos como los que corren de escasez de efectivo.
Vemos muy difícil de justificar, al menos socialmente hablando, que se le renueve el crédito especulativo a Sacyr que, a no dudar, de darse sería a base de negárselo a la pequeña y mediana empresa que es la que genera trabajo, algo de lo que, por cierto, no vamos sobrados.
La especulación del Sr. Rivero no genera trabajo, sino más bien todo lo contrario, con la misma está poniendo en peligro la propia continuidad del grupo, como ya le ocurriera en su día con el asalto fallido a Eifagge.
miércoles, 19 de octubre de 2011
viernes, 14 de octubre de 2011
El excesivo poder de la banca
Entre las muchas consecuencias que cabe sacar del hundimiento de Nueva Rumasa cabria señalar la (a todas luces) excesiva dependencia de la empresa española en general con respecto a la banca.
Aún admitiendo tanto el hecho de que el Sr. Ruiz Mateos no es un cliente fácil, como que el grupo Nueva Rumasa pasaba por un delicado momento, es difícil de aceptar la circunstancia de que un banco, que sabe que es su principal fuente de financiación, el que concentra más del 50% de la deuda financiera y comercial del grupo, y que, por tanto, de él depende (sin ninguna duda) la continuidad del mismo, no sólo le corte de un día para otro el crédito, sino que además le obligue a cancelar más de la mitad de la deuda. Decisión que de hecho equivalía al cierre del grupo y con ello a poner en grave riesgo los puestos de trabajo de sus más de 10.000 empleados, la continuidad de sus proveedores y los ahorros de más de 5.000 pequeños ahorradores que habían invertido en la compra de títulos de deuda del grupo, ilusionados con las altas rentabilidades ofrecidas.
Difícil de aceptar, la draconiana decisión del Santander, más, si cabe, en un momento como el actual, donde las cosas no van ni tan siquiera medianamente bien para nadie y en el que la banca española pasa por difíciles momentos, seguramente, todavía peores que los que atravesaba el grupo Nueva Rumasa, y que ha visto como era rescatada gracias a la inyección de enormes cantidades de dinero público, que, por cierto, en alguna medida es dinero tanto de Nueva Rumasa como de sus empleados, proveedores e inversores.
En cualquier caso, como decíamos, es difícil de aceptar el que la continuidad de una empresa, pequeña o grande, dependa de la decisión de un banco y menos de la de una persona, pues sabido es que en el caso del Santander la decisión del Sr. Botín es poco menos que incuestionable.
Si bien entendemos que cuando un banco pierde la confianza en un cliente debe procurar por todos los medios salvar su inversión, y ello se logra a base de ir reduciendo sus posiciones, lo que no es de recibo es que la reducción sea tan drástica, como la que se ha producido en este caso. Estrategia ésta que, a no dudar, es bien conocida por el Sr. Botín que, no en vano, es el primer banquero de España, de ahí que, visto como se ha producido el caso, a nadie se le oculta que en la decisión de D. Emilio han pesado, y mucho, motivaciones de índole personal y es ahí donde es criticable su decisión. Más aún, entendemos que el caso Santander-Nueva Rumasa es algo así como la historia de la relación entre un banco y un cliente que jamás se debería dar y que, sin embargo, se da con excesiva frecuencia, con total desprecio hacia los intereses del personal de la empresa, proveedores y resto de acreedores.
Es cuanto menos difícil de aceptar tanto el enorme poder que tiene la banca dentro del escenario empresarial actual como el, a la vista ésta, mal uso que, en muchos casos, está haciendo de su privilegiada situación. Entendemos justo que la banca vele por sus intereses, pero no que lo haga de una forma salvaje, antisocial y, además, contra todas las reglas de la ortodoxia bancaria.
Algo habrá que hacer para que casos como el que nos ocupa y el que sufren otras muchas pequeñas y no tan pequeñas empresas no tengan lugar. Algo tendrá que decir el Banco de España ante estos hechos, ya que no sólo debe velar por la transparencia y salud de nuestras entidades financieras, labor que, por cierto, lleva a cabo con una más que discutible eficiencia, sino también para que éstas presten a sus clientes el servicio que están obligados a dar.
Aún admitiendo tanto el hecho de que el Sr. Ruiz Mateos no es un cliente fácil, como que el grupo Nueva Rumasa pasaba por un delicado momento, es difícil de aceptar la circunstancia de que un banco, que sabe que es su principal fuente de financiación, el que concentra más del 50% de la deuda financiera y comercial del grupo, y que, por tanto, de él depende (sin ninguna duda) la continuidad del mismo, no sólo le corte de un día para otro el crédito, sino que además le obligue a cancelar más de la mitad de la deuda. Decisión que de hecho equivalía al cierre del grupo y con ello a poner en grave riesgo los puestos de trabajo de sus más de 10.000 empleados, la continuidad de sus proveedores y los ahorros de más de 5.000 pequeños ahorradores que habían invertido en la compra de títulos de deuda del grupo, ilusionados con las altas rentabilidades ofrecidas.
Difícil de aceptar, la draconiana decisión del Santander, más, si cabe, en un momento como el actual, donde las cosas no van ni tan siquiera medianamente bien para nadie y en el que la banca española pasa por difíciles momentos, seguramente, todavía peores que los que atravesaba el grupo Nueva Rumasa, y que ha visto como era rescatada gracias a la inyección de enormes cantidades de dinero público, que, por cierto, en alguna medida es dinero tanto de Nueva Rumasa como de sus empleados, proveedores e inversores.
En cualquier caso, como decíamos, es difícil de aceptar el que la continuidad de una empresa, pequeña o grande, dependa de la decisión de un banco y menos de la de una persona, pues sabido es que en el caso del Santander la decisión del Sr. Botín es poco menos que incuestionable.
Si bien entendemos que cuando un banco pierde la confianza en un cliente debe procurar por todos los medios salvar su inversión, y ello se logra a base de ir reduciendo sus posiciones, lo que no es de recibo es que la reducción sea tan drástica, como la que se ha producido en este caso. Estrategia ésta que, a no dudar, es bien conocida por el Sr. Botín que, no en vano, es el primer banquero de España, de ahí que, visto como se ha producido el caso, a nadie se le oculta que en la decisión de D. Emilio han pesado, y mucho, motivaciones de índole personal y es ahí donde es criticable su decisión. Más aún, entendemos que el caso Santander-Nueva Rumasa es algo así como la historia de la relación entre un banco y un cliente que jamás se debería dar y que, sin embargo, se da con excesiva frecuencia, con total desprecio hacia los intereses del personal de la empresa, proveedores y resto de acreedores.
Es cuanto menos difícil de aceptar tanto el enorme poder que tiene la banca dentro del escenario empresarial actual como el, a la vista ésta, mal uso que, en muchos casos, está haciendo de su privilegiada situación. Entendemos justo que la banca vele por sus intereses, pero no que lo haga de una forma salvaje, antisocial y, además, contra todas las reglas de la ortodoxia bancaria.
Algo habrá que hacer para que casos como el que nos ocupa y el que sufren otras muchas pequeñas y no tan pequeñas empresas no tengan lugar. Algo tendrá que decir el Banco de España ante estos hechos, ya que no sólo debe velar por la transparencia y salud de nuestras entidades financieras, labor que, por cierto, lleva a cabo con una más que discutible eficiencia, sino también para que éstas presten a sus clientes el servicio que están obligados a dar.
A qué jugamos
En una economía de corte capitalista, como es la nuestra, en la que una de sus premisas básicas es la de que “nada puede hacerse si no puede pagarse”, el crédito es algo así como una mercancía indispensable sin la cual la actividad económica cae prácticamente a niveles de subsistencia.
Sin crédito no hay negocio, sin negocio no hay actividad empresarial, sin ésta no hay empleo y sin empleo cae aún más el negocio, con lo que se realimenta el terrible círculo vicioso.
Entrando ya en el terreno de lo concreto, aquí y ahora, si no el peor, sí uno de los peores problemas a los que debe enfrentarse el empresariado español, en especial, la pequeña y mediana empresa, es el de la escasez de crédito. Por desgracia, hoy son muchas las empresas que se ven obligadas a echar el cierre, única y exclusivamente, por falta de recursos financieros, a pesar de tener un negocio cuanto menos viable.
Cierre empresarial, cuya primera consecuencia es la de generar paro, desempleo que es sin duda la peor de las lacras que estamos sufriendo, hasta el punto que de no ponerle remedio, y a corto plazo, amenaza incluso la propia estabilidad de nuestro sistema de convivencia.
De ahí que, si de siempre ha sido importante el crédito, hoy adquiere valor de subsistencia, es pues en estos momentos cuando se hace poco menos que obligado la justa distribución del mismo. En estos momentos, el crédito se debe otorgar no sólo a quienes ofrezcan las suficientes garantías de devolución, sino además, de entre estos, a aquellos que en mayor medida contribuyan al aumento de la llamada economía productiva y, por ende, a mitigar la lacra del paro.
Dicho en otras palabras, en estos momentos de escasez de crédito, éste debe estar cerrado para todas las actividades especulativas, aquellas de las que sólo se deriva beneficio para su beneficiario. De ahí nuestra indignación cuando se nos anuncia que el grupo constructor ACS acaba de refinanciar un crédito de 2.058 millones de euros, que suscribiera en su día para la compra del 6,58% del capital de Iberdrola y que vencía a finales de ejercicio o que el grupo Sacyr negocia hacer lo propio con el crédito de alrededor de 5.000 millones de euros que en su día suscribiera para la compra del 20,2% de la petrolera Repsol. Compras ambas pura y llanamente especulativas y que en nada contribuyen a la marcha de la llamada economía productiva y a mitigar el cada vez más grave problema del paro que sufrimos.
Más, si cabe, no sólo no mitigan el problema del paro, sino que contribuyen a aumentarlo, ¿saben cuantas empresas, pequeñas y medianas, podrían ver colmadas sus justas demandas de crédito si estos 7.000 millones de euros se hubieran distribuido entre ellas a razón de sus necesidades y méritos?, ¿saben cuantas pequeñas y medianas empresas se verán forzadas a echar el cierre y enviar a sus empleados al paro, por no disponer del crédito que podían haber logrado de no haber nuestros bancos y cajas malgastado sus recursos financiado operaciones especulativas, tales como las descritas, que sólo benefician a los Sres. Pérez, March, Cortina, Alcocer, Abelló, Loureda, Del Rivero, etc., etc.?
Mal está que se financie la especulación en un país en el que lo que falta son puestos de trabajo, peor el que se conceda el crédito con garantía de la cosa financiada (en este caso, las acciones de Iberdrola y Repsol) y mucho peor, si cabe, el que dicha financiación tenga lugar en unos momentos, como los actuales, donde nuestros bancos y cajas no disponen de crédito ni tan siquiera para hacer frente a sus propias deudas, para las cuales deben en su mayoría acudir a “papá Estado”. En este estado de cosas es cuando nos preguntamos:
¿A qué jugamos?
Sin crédito no hay negocio, sin negocio no hay actividad empresarial, sin ésta no hay empleo y sin empleo cae aún más el negocio, con lo que se realimenta el terrible círculo vicioso.
Entrando ya en el terreno de lo concreto, aquí y ahora, si no el peor, sí uno de los peores problemas a los que debe enfrentarse el empresariado español, en especial, la pequeña y mediana empresa, es el de la escasez de crédito. Por desgracia, hoy son muchas las empresas que se ven obligadas a echar el cierre, única y exclusivamente, por falta de recursos financieros, a pesar de tener un negocio cuanto menos viable.
Cierre empresarial, cuya primera consecuencia es la de generar paro, desempleo que es sin duda la peor de las lacras que estamos sufriendo, hasta el punto que de no ponerle remedio, y a corto plazo, amenaza incluso la propia estabilidad de nuestro sistema de convivencia.
De ahí que, si de siempre ha sido importante el crédito, hoy adquiere valor de subsistencia, es pues en estos momentos cuando se hace poco menos que obligado la justa distribución del mismo. En estos momentos, el crédito se debe otorgar no sólo a quienes ofrezcan las suficientes garantías de devolución, sino además, de entre estos, a aquellos que en mayor medida contribuyan al aumento de la llamada economía productiva y, por ende, a mitigar la lacra del paro.
Dicho en otras palabras, en estos momentos de escasez de crédito, éste debe estar cerrado para todas las actividades especulativas, aquellas de las que sólo se deriva beneficio para su beneficiario. De ahí nuestra indignación cuando se nos anuncia que el grupo constructor ACS acaba de refinanciar un crédito de 2.058 millones de euros, que suscribiera en su día para la compra del 6,58% del capital de Iberdrola y que vencía a finales de ejercicio o que el grupo Sacyr negocia hacer lo propio con el crédito de alrededor de 5.000 millones de euros que en su día suscribiera para la compra del 20,2% de la petrolera Repsol. Compras ambas pura y llanamente especulativas y que en nada contribuyen a la marcha de la llamada economía productiva y a mitigar el cada vez más grave problema del paro que sufrimos.
Más, si cabe, no sólo no mitigan el problema del paro, sino que contribuyen a aumentarlo, ¿saben cuantas empresas, pequeñas y medianas, podrían ver colmadas sus justas demandas de crédito si estos 7.000 millones de euros se hubieran distribuido entre ellas a razón de sus necesidades y méritos?, ¿saben cuantas pequeñas y medianas empresas se verán forzadas a echar el cierre y enviar a sus empleados al paro, por no disponer del crédito que podían haber logrado de no haber nuestros bancos y cajas malgastado sus recursos financiado operaciones especulativas, tales como las descritas, que sólo benefician a los Sres. Pérez, March, Cortina, Alcocer, Abelló, Loureda, Del Rivero, etc., etc.?
Mal está que se financie la especulación en un país en el que lo que falta son puestos de trabajo, peor el que se conceda el crédito con garantía de la cosa financiada (en este caso, las acciones de Iberdrola y Repsol) y mucho peor, si cabe, el que dicha financiación tenga lugar en unos momentos, como los actuales, donde nuestros bancos y cajas no disponen de crédito ni tan siquiera para hacer frente a sus propias deudas, para las cuales deben en su mayoría acudir a “papá Estado”. En este estado de cosas es cuando nos preguntamos:
¿A qué jugamos?
martes, 13 de septiembre de 2011
El inefable Mr. BdE
En un primer momento se nos dijo no sólo que el problema era la burbuja inmobiliaria, sino que, para mayor escarnio, después de la quiebra de Lehman en septiembre de 2008, se nos quiso tranquilizar a base de declaraciones tales como que nuestros bancos y cajas eran algo así como un modelo de gestión a seguir por la comunidad financiera internacional. Postura que, como recordarán, defendieron con igual firmeza y mendacidad tanto el Gobierno, con el Sr. Rodríguez Zapatero a la cabeza, como el Gobernador del Banco de España, Sr. Fernández Ordoñez.
De estas escandalosas y vergonzantes afirmaciones se pasó a peregrinas afirmaciones como la de que la crisis que había contaminado a nuestros bancos y cajas era inmobiliaria pero que, a pesar de ello, la situación de nuestros bancos era buena. Sin embargo, en realidad la situación no sólo no era buena (en especial en las cajas), sino que era muy mala, hasta el punto de tener que acudir, en algún que otro caso, el Banco de España en su auxilio para evitar lo peor.
Aún así, se insistía en que la crisis era fruto de la cantidad de familias que no podían hacer frente al pago de las cuotas mensuales de sus hipotecas, algo que tampoco era cierto, ya que el crédito hipotecario familiar es el que menor tasa de mora registra (apenas llega al 2,5%, muy por debajo del 6% de media).
El problema está en el crédito al promotor inmobiliario, que, por cierto, nada tiene que ver con el hipotecario de acceso a la vivienda. Sector, éste último, al que se le concedieron más de 300.000 millones de euros (la mitad para la compra de suelo, buena parte del cual estaba sin calificar urbanísticamente) y que, a día de hoy, registra una tasa de morosidad que supera el 20%.
Pero, aún peor, es el problema al que se enfrenta el sector financiero español, ya que gran parte del crédito concedido se dio a muy largo plazo (en los créditos hipotecarios se llegaron a superar los 35 años), con dinero foráneo y a base de créditos a medio plazo concedidos por la comunidad financiera internacional, lo que no deja de ser una estrategia, además de peligrosa, contraria a la más elemental ortodoxia bancaria.
Hoy, nuestros bancos y cajas no sólo no son capaces de proveer a la economía productiva del crédito que le demanda, sino que se las ven y se las desean para hacer frente a sus vencimientos de crédito frente a la banca extranjera.
Fiasco financiero del que, además de los gestores de cada entidad en particular, cabe hacer responsable al Banco de España por haber permitido y, en alguna medida, alentado (cuando debía de haberla denunciado) esta peligrosa forma de actuar.
El Banco de España no debía haber permitido que nuestros bancos se excedieran en sus créditos más allá de sus depósitos, no debía haber permitido el financiar hipotecas a plazos a todas luces imposibles (y menos hacerlo en un volumen por encima de sus posibilidades a base de créditos de la banca extranjera concedidos a medio plazo) y tampoco debía haber permitido la concesión de más de 300.000 millones de euros para la especulación inmobiliaria, factor éste que ha sido la “bomba de aire” que ha inflado la burbuja inmobiliaria.
No deja de ser un ejercicio de hipocresía el denunciar la burbuja inmobiliaria y, por otro lado, alentar su creación.
Es por todo ello, por la (a todas luces) nefasta actuación del Sr. Fernández Ordoñez al frente del Banco de España por la que pedimos su dimisión, primer paso para lograr la reconversión del sector. Proceso éste sin el cual no cabe hablar ni de recuperación económica, ni de “brotes verdes”, ni de creación de empleo.
De ahí nuestra demanda.
¡¡Váyase Sr. Fernández Ordoñez!!
lunes, 29 de agosto de 2011
Consigna: Exportar o morir
La mala situación por la que atraviesa nuestra economía está obligando a las empresas españolas a buscar en los mercados exteriores lo que se les niega en casa.
A lo largo del primer trimestre del año, España exportó mercancías por valor de 72.041 millones de dólares (alrededor de 52.740 millones de euros), que supone, además del 19% del PIB, el 1,7% de los 4,238 billones de dólares a que ascendió el comercio mundial en el citado periodo.
En un intento de evaluar el esfuerzo que han supuesto estas ventas para el sector exportador español basta decir que España ha sido el único país de la Unión Europea
A destacar que el alza en las cotizaciones de las materias primas ha hecho que el comercio mundial en este primer trimestre del ejercicio aumentara al vertiginoso ritmo del 22,3%, siendo en esta ocasión Arabia Saudi, la India , Corea, China, Singapur, Rusia, México y España los únicos países que lograron superar el ritmo. Por su parte, Japón, Francia, Holanda, Canadá, Alemania, Italia, EE.UU., Taiwán, Bélgica y el Reino Unido, si bien lograron aumentar sus ventas al exterior, lo hicieron a un ritmo inferior a la media.
En cuanto a la clasificación mundial de los mayores exportadores, el ranking sigue encabezado por China, que se hace con una cuota del 9,38%; le sigue Alemania con el 8,4%; EE.UU. con el 8,3%; Japón (muy perjudicado por el tsunami y posterior terremoto del pasado 11 de marzo, cuyas consecuencias se dejarán notar en lo que resta de ejercicio) con el 4,7%; Holanda con el 3,82%; Francia con el 3,46%; Corea con el 3,10%; Italia con el 2,92%; Bélgica con el 2,81%; el Reino Unido con el 2,74%; Rusia con el 2,69%; Canadá con el 2,54%; Singapur con el 2,30%; Arabia Saudí con el 2,58%; México con el 1,93%; Taiwán con el 1,74%; la India con el 1,73% y España, que ocupa el lugar 18 en el ranking mundial, con el 1,70%.
Posición, la nuestra, que supone ceder dos lugares en favor de Arabia Saudí y la India que en este periodo lograron aumentar sus intercambios internacionales a un endiablado ritmo del 52,2% y del 42,2%, respectivamente.
Como decíamos, todo un gigantesco esfuerzo, el que está llevando a cabo el sector exportador español, a pesar de las muchas dificultades que atraviesa y entre las que cabe destacar la escasez de financiación y la debilidad del dólar, si bien, en cuanto al dólar, nuestro país es de los grandes de la Unión Europea
En cuanto a importaciones, nuestro país ocupa el puesto decimotercero en el ranking mundial con una cuota del 2,06%. En concreto, el pasado trimestre, nuestras compras al exterior aumentaron un 18,9% con respecto al primer trimestre de 2010. Ritmo muy por debajo del 22,3% en que se incrementó el comercio mundial en este tiempo, lo que supone un claro indicativo de la debilidad del comercio interior y de la mala situación por la que atraviesa nuestra economía.
Titánico, el esfuerzo que está llevando a cabo el sistema exportador, y más, si cabe, teniendo en cuenta la precariedad de medios con que cuenta. Una vez más hacemos votos para que se abra el grifo del crédito en general y del sector en particular, so pena de dejar morir la “gallina de los huevos de oro”, la única que nos queda, con excepción del sector turístico.
jueves, 14 de julio de 2011
Quo Vadis Zeltia
A la negativa de las autoridades sanitarias del Reino Unido del pasado mes de marzo en el sentido de no admitir el Yondelis, el medicamento estrella del grupo Zeltia, hubo que añadirle los malos resultados de cierre del primer trimestre, presentados por el grupo farmacéutico gallego controlado por la familia Fernández Sousa (perdió 7,5 veces más que a lo largo del primer trimestre de 2010 –2,3 millones este año frente a 0,3 millones el pasado– y ello a pesar de haber aumentado en un 7,5% sus ventas –35,4 millones de euros este primer trimestre frente a 33 millones en igual periodo del pasado año–).
Concatenación de malas noticias que tuvieron un “suma y sigue” con el anuncio efectuado por parte de Centocor Ortho Biotech Products, la filial del grupo norteamericano Johnson & Johnson, encargada de la comercialización del fármaco Yondelis en EE.UU., en el sentido de retirar el fármaco contra el cáncer de ovario del proceso de aprobación para su comercialización en EE.UU., después de que la poderosa Food and Drug Administration (FDA), la agencia norteamericana encargada, entre otros cometidos, de autorizar la comercialización de fármacos, decidiera realizar un nuevo estudio para contrarrestar la efectividad del Yondelis.
Decisión, la del grupo norteamericano, que, además de costarle al grupo farmacéutico español 10 millones de dólares (según lo pactado en el acuerdo de cesión de licencia para Estados Unidos que la empresa española tenía firmado con Johnson & Johnson y que debía cobrar a finales del presente ejercicio), pone muy difícil la propia supervivencia de Pharma Mar, la filial de Zeltia, propietaria del Yondelis.
Como sin duda nuestros lectores recordarán, siempre hemos venido manteniendo una postura de extrema cautela acerca de este grupo, dado que ha vivido de especulaciones de una más que dudosa base real acerca de la bondad del famoso fármaco Yondelis. Todo eran presentaciones en congresos, de los que se derivaban, más o menos, buenas palabras, que, bien cocinadas, propiciaban alzas en la cotización de estas acciones que hacían la mar de felices a sus fieles parroquianos.
Pero ocurre que, como en la propia vida, una vez acabada la fase de “pases de salón”, hay que salir al ruedo y no sólo vérselas con el morlaco sino además cuajar una buena faena y esto es lo que no sólo está por ver sino que mucho nos tememos a día de hoy vemos muy difícil pueda llevar a cabo el Yondelis en estos momentos. Los “contras suman más que los pros”, de ahí el duro castigo que viene sufriendo la cotización de las acciones de Zeltia en Bolsa.
En cualquier caso, creemos que el buen momento bursátil de estas acciones es cosa del pasado y que, a corto y medio plazo, para estas acciones la ecuación rentabilidad-riesgo es claramente favorable al segundo factor, de ahí nuestra recomendación, no sólo de no entrar para los que están fuera, sino la de liquidar posiciones para los que están dentro.
En cualquier caso, para aquellos que no quieran seguir nuestro consejo, lo que sí conviene es mantener alta la guardia.
Remuneraciones en las cajas
En plena debacle de los beneficios (el beneficio atribuido conjunto se redujo un 23% en 2010, hasta situarse en 3.403 millones de euros) y en un año de reconversión de las cajas de ahorros, las cúpulas directivas se mantuvieron los sueldos, es decir, los responsables del desaguisado no tuvieron el mínimo reparo en hundir al sector y encima mantenerse los sueldos, ole, ole y tres veces ole.
Las cúpulas de las 35 entidades de ahorro que han remitido sus informes de gobierno corporativo de 2010 percibieron una remuneración conjunta de 131,3 millones de euros, solo un 0,96% menos que un año antes.
Si con la que ha caído (fusiones, reordenación de la red de oficinas, redimensionamiento de las plantillas, solicitud de ayudas públicas, salidas a Bolsa, caídas de márgenes, desplome del beneficio, pulso contra la morosidad, etc, etc.), los consejos de administración y de la alta dirección de las entidades de ahorro han ganado lo mismo, asusta pensar que no se llevarían de ir medianamente bien las cosas.
Y mientras los culpables de la debacle del sistema financiero se lo llevan calentito, buena parte de sus trabajadores de patitas en la calle. En dos años, las entidades de ahorro han pasado de tener 134.786 trabajadores a 128.112, nada menos que se han eliminado 2.446 empleos en 2009 y 4.228 en 2010.
Con los peores resultados en una década los Sres. consejeros se mantienen los sueldos, y así nos va…
UTOPE
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