En una economía de corte capitalista, como es la nuestra, en la que una de sus premisas básicas es la de que “nada puede hacerse si no puede pagarse”, el crédito es algo así como una mercancía indispensable sin la cual la actividad económica cae prácticamente a niveles de subsistencia.
Sin crédito no hay negocio, sin negocio no hay actividad empresarial, sin ésta no hay empleo y sin empleo cae aún más el negocio, con lo que se realimenta el terrible círculo vicioso.
Entrando ya en el terreno de lo concreto, aquí y ahora, si no el peor, sí uno de los peores problemas a los que debe enfrentarse el empresariado español, en especial, la pequeña y mediana empresa, es el de la escasez de crédito. Por desgracia, hoy son muchas las empresas que se ven obligadas a echar el cierre, única y exclusivamente, por falta de recursos financieros, a pesar de tener un negocio cuanto menos viable.
Cierre empresarial, cuya primera consecuencia es la de generar paro, desempleo que es sin duda la peor de las lacras que estamos sufriendo, hasta el punto que de no ponerle remedio, y a corto plazo, amenaza incluso la propia estabilidad de nuestro sistema de convivencia.
De ahí que, si de siempre ha sido importante el crédito, hoy adquiere valor de subsistencia, es pues en estos momentos cuando se hace poco menos que obligado la justa distribución del mismo. En estos momentos, el crédito se debe otorgar no sólo a quienes ofrezcan las suficientes garantías de devolución, sino además, de entre estos, a aquellos que en mayor medida contribuyan al aumento de la llamada economía productiva y, por ende, a mitigar la lacra del paro.
Dicho en otras palabras, en estos momentos de escasez de crédito, éste debe estar cerrado para todas las actividades especulativas, aquellas de las que sólo se deriva beneficio para su beneficiario. De ahí nuestra indignación cuando se nos anuncia que el grupo constructor ACS acaba de refinanciar un crédito de 2.058 millones de euros, que suscribiera en su día para la compra del 6,58% del capital de Iberdrola y que vencía a finales de ejercicio o que el grupo Sacyr negocia hacer lo propio con el crédito de alrededor de 5.000 millones de euros que en su día suscribiera para la compra del 20,2% de la petrolera Repsol. Compras ambas pura y llanamente especulativas y que en nada contribuyen a la marcha de la llamada economía productiva y a mitigar el cada vez más grave problema del paro que sufrimos.
Más, si cabe, no sólo no mitigan el problema del paro, sino que contribuyen a aumentarlo, ¿saben cuantas empresas, pequeñas y medianas, podrían ver colmadas sus justas demandas de crédito si estos 7.000 millones de euros se hubieran distribuido entre ellas a razón de sus necesidades y méritos?, ¿saben cuantas pequeñas y medianas empresas se verán forzadas a echar el cierre y enviar a sus empleados al paro, por no disponer del crédito que podían haber logrado de no haber nuestros bancos y cajas malgastado sus recursos financiado operaciones especulativas, tales como las descritas, que sólo benefician a los Sres. Pérez, March, Cortina, Alcocer, Abelló, Loureda, Del Rivero, etc., etc.?
Mal está que se financie la especulación en un país en el que lo que falta son puestos de trabajo, peor el que se conceda el crédito con garantía de la cosa financiada (en este caso, las acciones de Iberdrola y Repsol) y mucho peor, si cabe, el que dicha financiación tenga lugar en unos momentos, como los actuales, donde nuestros bancos y cajas no disponen de crédito ni tan siquiera para hacer frente a sus propias deudas, para las cuales deben en su mayoría acudir a “papá Estado”. En este estado de cosas es cuando nos preguntamos:
¿A qué jugamos?
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