Por si cabían dudas, la pasada semana, Calyon (Crédit Agricole), en un análisis sobre el estado financiero de Sacyr (informe que bien cabría calificar de demoledor) cifró en 1.000 millones de euros la ampliación de capital que precisa, y con urgencia, el grupo constructor, al tiempo que, dada la reducida capacidad de generación de beneficios de que disfruta, necesitará de entre 35 y 70 años para hacer frente a la faraónica deuda que soporta.
Como decíamos, un demoledor informe firmado por uno de los bancos que junto con Santander, Bankia y Citigroup lideran el crédito de 5.000 millones de euros, gracias al cual en su día el grupo presidido por el Sr. Del Rivero se hizo con el 20% de Repsol, que, por cierto, vence el próximo 21 de diciembre, y que, dada la imposibilidad de amortizar, se está negociando su renovación en estos días.
Así las cosas, y dada la imposibilidad de que el grupo Sacyr pueda pagar algún día los 5.000 millones de euros del referido crédito, como no sea vendiendo la participación de Repsol, debe entenderse la operación de compra como puramente especulativa. Sacyr, como ya hiciera con anterioridad con el BBVA y Eifagge, vio una oportunidad de tomar una participación significativa en Repsol, para así aliviar la cara derrota que le supuso su aventura francesa en Eifagge. Estrategia que pasaba por pedir un crédito con garantía de las acciones compradas, intereses del crédito que se irían pagando con los dividendos de Repsol, a la espera de poder liquidar la posición, cuando se diera la ocasión de hacerlo, con jugosas plusvalías.
Estrategia que tiene dos frentes oscuros, uno, que se mantenga el dividendo de Repsol y, dos, que la cotización de las acciones de Repsol no baje del precio de adquisición, de ahí el enfrentamiento que tuvo lugar el pasado año cuando el Sr. Brufau anunció un recorte en el dividendo de Repsol y la necesidad que tiene ahora el Sr. Del Rivero de lograr la renovación del crédito, so pena de tener que liquidar la posición con fuertes pérdidas.
Si bien no somos contrarios a la especulación, sí estamos en contra de que concedan créditos de la forma tan heterodoxa como el que se concedió en su día a Sacyr, con garantía de la cosa comprada, cuando, como es el caso, ésta no goza de valor intrínseco (recordar, entre otros, los casos de Metrovacesa, Cleop, Colonial, etc., etc.). Y también estamos en contra que se especule a base de crédito y más cuando éste pasa por ser un bien escaso.
Cómo se puede justificar un crédito de 5.000 millones de euros para especular, que de concederse obligará a decir no a las justas demandas de crédito de no menos de 100.000 pymes que dan trabajo a no menos de 700.000 personas. Si el Sr. Del Rivero quiere especular con las acciones de Repsol, bien, pero que lo haga con su dinero, no con crédito, éste sólo se puede conceder a la economía productiva y más en tiempos como los que corren de escasez de efectivo.
Vemos muy difícil de justificar, al menos socialmente hablando, que se le renueve el crédito especulativo a Sacyr que, a no dudar, de darse sería a base de negárselo a la pequeña y mediana empresa que es la que genera trabajo, algo de lo que, por cierto, no vamos sobrados.
La especulación del Sr. Rivero no genera trabajo, sino más bien todo lo contrario, con la misma está poniendo en peligro la propia continuidad del grupo, como ya le ocurriera en su día con el asalto fallido a Eifagge.
miércoles, 19 de octubre de 2011
viernes, 14 de octubre de 2011
El excesivo poder de la banca
Entre las muchas consecuencias que cabe sacar del hundimiento de Nueva Rumasa cabria señalar la (a todas luces) excesiva dependencia de la empresa española en general con respecto a la banca.
Aún admitiendo tanto el hecho de que el Sr. Ruiz Mateos no es un cliente fácil, como que el grupo Nueva Rumasa pasaba por un delicado momento, es difícil de aceptar la circunstancia de que un banco, que sabe que es su principal fuente de financiación, el que concentra más del 50% de la deuda financiera y comercial del grupo, y que, por tanto, de él depende (sin ninguna duda) la continuidad del mismo, no sólo le corte de un día para otro el crédito, sino que además le obligue a cancelar más de la mitad de la deuda. Decisión que de hecho equivalía al cierre del grupo y con ello a poner en grave riesgo los puestos de trabajo de sus más de 10.000 empleados, la continuidad de sus proveedores y los ahorros de más de 5.000 pequeños ahorradores que habían invertido en la compra de títulos de deuda del grupo, ilusionados con las altas rentabilidades ofrecidas.
Difícil de aceptar, la draconiana decisión del Santander, más, si cabe, en un momento como el actual, donde las cosas no van ni tan siquiera medianamente bien para nadie y en el que la banca española pasa por difíciles momentos, seguramente, todavía peores que los que atravesaba el grupo Nueva Rumasa, y que ha visto como era rescatada gracias a la inyección de enormes cantidades de dinero público, que, por cierto, en alguna medida es dinero tanto de Nueva Rumasa como de sus empleados, proveedores e inversores.
En cualquier caso, como decíamos, es difícil de aceptar el que la continuidad de una empresa, pequeña o grande, dependa de la decisión de un banco y menos de la de una persona, pues sabido es que en el caso del Santander la decisión del Sr. Botín es poco menos que incuestionable.
Si bien entendemos que cuando un banco pierde la confianza en un cliente debe procurar por todos los medios salvar su inversión, y ello se logra a base de ir reduciendo sus posiciones, lo que no es de recibo es que la reducción sea tan drástica, como la que se ha producido en este caso. Estrategia ésta que, a no dudar, es bien conocida por el Sr. Botín que, no en vano, es el primer banquero de España, de ahí que, visto como se ha producido el caso, a nadie se le oculta que en la decisión de D. Emilio han pesado, y mucho, motivaciones de índole personal y es ahí donde es criticable su decisión. Más aún, entendemos que el caso Santander-Nueva Rumasa es algo así como la historia de la relación entre un banco y un cliente que jamás se debería dar y que, sin embargo, se da con excesiva frecuencia, con total desprecio hacia los intereses del personal de la empresa, proveedores y resto de acreedores.
Es cuanto menos difícil de aceptar tanto el enorme poder que tiene la banca dentro del escenario empresarial actual como el, a la vista ésta, mal uso que, en muchos casos, está haciendo de su privilegiada situación. Entendemos justo que la banca vele por sus intereses, pero no que lo haga de una forma salvaje, antisocial y, además, contra todas las reglas de la ortodoxia bancaria.
Algo habrá que hacer para que casos como el que nos ocupa y el que sufren otras muchas pequeñas y no tan pequeñas empresas no tengan lugar. Algo tendrá que decir el Banco de España ante estos hechos, ya que no sólo debe velar por la transparencia y salud de nuestras entidades financieras, labor que, por cierto, lleva a cabo con una más que discutible eficiencia, sino también para que éstas presten a sus clientes el servicio que están obligados a dar.
Aún admitiendo tanto el hecho de que el Sr. Ruiz Mateos no es un cliente fácil, como que el grupo Nueva Rumasa pasaba por un delicado momento, es difícil de aceptar la circunstancia de que un banco, que sabe que es su principal fuente de financiación, el que concentra más del 50% de la deuda financiera y comercial del grupo, y que, por tanto, de él depende (sin ninguna duda) la continuidad del mismo, no sólo le corte de un día para otro el crédito, sino que además le obligue a cancelar más de la mitad de la deuda. Decisión que de hecho equivalía al cierre del grupo y con ello a poner en grave riesgo los puestos de trabajo de sus más de 10.000 empleados, la continuidad de sus proveedores y los ahorros de más de 5.000 pequeños ahorradores que habían invertido en la compra de títulos de deuda del grupo, ilusionados con las altas rentabilidades ofrecidas.
Difícil de aceptar, la draconiana decisión del Santander, más, si cabe, en un momento como el actual, donde las cosas no van ni tan siquiera medianamente bien para nadie y en el que la banca española pasa por difíciles momentos, seguramente, todavía peores que los que atravesaba el grupo Nueva Rumasa, y que ha visto como era rescatada gracias a la inyección de enormes cantidades de dinero público, que, por cierto, en alguna medida es dinero tanto de Nueva Rumasa como de sus empleados, proveedores e inversores.
En cualquier caso, como decíamos, es difícil de aceptar el que la continuidad de una empresa, pequeña o grande, dependa de la decisión de un banco y menos de la de una persona, pues sabido es que en el caso del Santander la decisión del Sr. Botín es poco menos que incuestionable.
Si bien entendemos que cuando un banco pierde la confianza en un cliente debe procurar por todos los medios salvar su inversión, y ello se logra a base de ir reduciendo sus posiciones, lo que no es de recibo es que la reducción sea tan drástica, como la que se ha producido en este caso. Estrategia ésta que, a no dudar, es bien conocida por el Sr. Botín que, no en vano, es el primer banquero de España, de ahí que, visto como se ha producido el caso, a nadie se le oculta que en la decisión de D. Emilio han pesado, y mucho, motivaciones de índole personal y es ahí donde es criticable su decisión. Más aún, entendemos que el caso Santander-Nueva Rumasa es algo así como la historia de la relación entre un banco y un cliente que jamás se debería dar y que, sin embargo, se da con excesiva frecuencia, con total desprecio hacia los intereses del personal de la empresa, proveedores y resto de acreedores.
Es cuanto menos difícil de aceptar tanto el enorme poder que tiene la banca dentro del escenario empresarial actual como el, a la vista ésta, mal uso que, en muchos casos, está haciendo de su privilegiada situación. Entendemos justo que la banca vele por sus intereses, pero no que lo haga de una forma salvaje, antisocial y, además, contra todas las reglas de la ortodoxia bancaria.
Algo habrá que hacer para que casos como el que nos ocupa y el que sufren otras muchas pequeñas y no tan pequeñas empresas no tengan lugar. Algo tendrá que decir el Banco de España ante estos hechos, ya que no sólo debe velar por la transparencia y salud de nuestras entidades financieras, labor que, por cierto, lleva a cabo con una más que discutible eficiencia, sino también para que éstas presten a sus clientes el servicio que están obligados a dar.
A qué jugamos
En una economía de corte capitalista, como es la nuestra, en la que una de sus premisas básicas es la de que “nada puede hacerse si no puede pagarse”, el crédito es algo así como una mercancía indispensable sin la cual la actividad económica cae prácticamente a niveles de subsistencia.
Sin crédito no hay negocio, sin negocio no hay actividad empresarial, sin ésta no hay empleo y sin empleo cae aún más el negocio, con lo que se realimenta el terrible círculo vicioso.
Entrando ya en el terreno de lo concreto, aquí y ahora, si no el peor, sí uno de los peores problemas a los que debe enfrentarse el empresariado español, en especial, la pequeña y mediana empresa, es el de la escasez de crédito. Por desgracia, hoy son muchas las empresas que se ven obligadas a echar el cierre, única y exclusivamente, por falta de recursos financieros, a pesar de tener un negocio cuanto menos viable.
Cierre empresarial, cuya primera consecuencia es la de generar paro, desempleo que es sin duda la peor de las lacras que estamos sufriendo, hasta el punto que de no ponerle remedio, y a corto plazo, amenaza incluso la propia estabilidad de nuestro sistema de convivencia.
De ahí que, si de siempre ha sido importante el crédito, hoy adquiere valor de subsistencia, es pues en estos momentos cuando se hace poco menos que obligado la justa distribución del mismo. En estos momentos, el crédito se debe otorgar no sólo a quienes ofrezcan las suficientes garantías de devolución, sino además, de entre estos, a aquellos que en mayor medida contribuyan al aumento de la llamada economía productiva y, por ende, a mitigar la lacra del paro.
Dicho en otras palabras, en estos momentos de escasez de crédito, éste debe estar cerrado para todas las actividades especulativas, aquellas de las que sólo se deriva beneficio para su beneficiario. De ahí nuestra indignación cuando se nos anuncia que el grupo constructor ACS acaba de refinanciar un crédito de 2.058 millones de euros, que suscribiera en su día para la compra del 6,58% del capital de Iberdrola y que vencía a finales de ejercicio o que el grupo Sacyr negocia hacer lo propio con el crédito de alrededor de 5.000 millones de euros que en su día suscribiera para la compra del 20,2% de la petrolera Repsol. Compras ambas pura y llanamente especulativas y que en nada contribuyen a la marcha de la llamada economía productiva y a mitigar el cada vez más grave problema del paro que sufrimos.
Más, si cabe, no sólo no mitigan el problema del paro, sino que contribuyen a aumentarlo, ¿saben cuantas empresas, pequeñas y medianas, podrían ver colmadas sus justas demandas de crédito si estos 7.000 millones de euros se hubieran distribuido entre ellas a razón de sus necesidades y méritos?, ¿saben cuantas pequeñas y medianas empresas se verán forzadas a echar el cierre y enviar a sus empleados al paro, por no disponer del crédito que podían haber logrado de no haber nuestros bancos y cajas malgastado sus recursos financiado operaciones especulativas, tales como las descritas, que sólo benefician a los Sres. Pérez, March, Cortina, Alcocer, Abelló, Loureda, Del Rivero, etc., etc.?
Mal está que se financie la especulación en un país en el que lo que falta son puestos de trabajo, peor el que se conceda el crédito con garantía de la cosa financiada (en este caso, las acciones de Iberdrola y Repsol) y mucho peor, si cabe, el que dicha financiación tenga lugar en unos momentos, como los actuales, donde nuestros bancos y cajas no disponen de crédito ni tan siquiera para hacer frente a sus propias deudas, para las cuales deben en su mayoría acudir a “papá Estado”. En este estado de cosas es cuando nos preguntamos:
¿A qué jugamos?
Sin crédito no hay negocio, sin negocio no hay actividad empresarial, sin ésta no hay empleo y sin empleo cae aún más el negocio, con lo que se realimenta el terrible círculo vicioso.
Entrando ya en el terreno de lo concreto, aquí y ahora, si no el peor, sí uno de los peores problemas a los que debe enfrentarse el empresariado español, en especial, la pequeña y mediana empresa, es el de la escasez de crédito. Por desgracia, hoy son muchas las empresas que se ven obligadas a echar el cierre, única y exclusivamente, por falta de recursos financieros, a pesar de tener un negocio cuanto menos viable.
Cierre empresarial, cuya primera consecuencia es la de generar paro, desempleo que es sin duda la peor de las lacras que estamos sufriendo, hasta el punto que de no ponerle remedio, y a corto plazo, amenaza incluso la propia estabilidad de nuestro sistema de convivencia.
De ahí que, si de siempre ha sido importante el crédito, hoy adquiere valor de subsistencia, es pues en estos momentos cuando se hace poco menos que obligado la justa distribución del mismo. En estos momentos, el crédito se debe otorgar no sólo a quienes ofrezcan las suficientes garantías de devolución, sino además, de entre estos, a aquellos que en mayor medida contribuyan al aumento de la llamada economía productiva y, por ende, a mitigar la lacra del paro.
Dicho en otras palabras, en estos momentos de escasez de crédito, éste debe estar cerrado para todas las actividades especulativas, aquellas de las que sólo se deriva beneficio para su beneficiario. De ahí nuestra indignación cuando se nos anuncia que el grupo constructor ACS acaba de refinanciar un crédito de 2.058 millones de euros, que suscribiera en su día para la compra del 6,58% del capital de Iberdrola y que vencía a finales de ejercicio o que el grupo Sacyr negocia hacer lo propio con el crédito de alrededor de 5.000 millones de euros que en su día suscribiera para la compra del 20,2% de la petrolera Repsol. Compras ambas pura y llanamente especulativas y que en nada contribuyen a la marcha de la llamada economía productiva y a mitigar el cada vez más grave problema del paro que sufrimos.
Más, si cabe, no sólo no mitigan el problema del paro, sino que contribuyen a aumentarlo, ¿saben cuantas empresas, pequeñas y medianas, podrían ver colmadas sus justas demandas de crédito si estos 7.000 millones de euros se hubieran distribuido entre ellas a razón de sus necesidades y méritos?, ¿saben cuantas pequeñas y medianas empresas se verán forzadas a echar el cierre y enviar a sus empleados al paro, por no disponer del crédito que podían haber logrado de no haber nuestros bancos y cajas malgastado sus recursos financiado operaciones especulativas, tales como las descritas, que sólo benefician a los Sres. Pérez, March, Cortina, Alcocer, Abelló, Loureda, Del Rivero, etc., etc.?
Mal está que se financie la especulación en un país en el que lo que falta son puestos de trabajo, peor el que se conceda el crédito con garantía de la cosa financiada (en este caso, las acciones de Iberdrola y Repsol) y mucho peor, si cabe, el que dicha financiación tenga lugar en unos momentos, como los actuales, donde nuestros bancos y cajas no disponen de crédito ni tan siquiera para hacer frente a sus propias deudas, para las cuales deben en su mayoría acudir a “papá Estado”. En este estado de cosas es cuando nos preguntamos:
¿A qué jugamos?
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